🛑 Informe ONU: Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela tras las Elecciones de 2024

El informe, elaborado tras una investigación que abarcó el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, sostiene que la represión desatada a partir del 29 de julio de ese año representa una continuación agravada de un plan estatal para aniquilar a opositores reales o percibidos.

“La Misión considera que la represión desatada a partir del 29 de julio de 2024 es una continuación exacerbada del plan de aniquilamiento de personas opositoras o percibidas como tales, que se ha traducido en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes internacionales, constituyendo el crimen de lesa humanidad de persecución por razones políticas”, señala el informe.

La Misión atribuye la responsabilidad de estos hechos al régimen venezolano y a sus fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las víctimas identificadas abarcan opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, niños, niñas y adolescentes, así como personas extranjeras.

Durante el periodo analizado, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos documentó más de 2.200 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de ese año. Las detenciones afectaron a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de opositores y personas extranjeras. El informe subraya que estas detenciones no solo se produjeron en el contexto de manifestaciones, sino también de manera selectiva y como represalia contra voces críticas, extendiéndose incluso a familiares de opositores.

La Misión identificó patrones de actuación de los agentes estatales: detenciones violentas, uso de fuerza desproporcionada, irrupciones en domicilios por parte de individuos encapuchados y armados, y traslados en vehículos sin identificación. En muchos casos, los captores no presentaron órdenes judiciales ni explicaron los motivos de la detención. El informe recoge testimonios de víctimas que relatan haber sido arrestadas en la vía pública o en sus casas, sin justificación legal y bajo amenazas.

El uso de la legislación antiterrorista y de la Ley contra el Odio para criminalizar la disidencia se mantuvo como práctica habitual. La Misión sostiene que el Ministerio Público utilizó de forma arbitraria sus facultades investigativas y acusatorias con motivaciones políticas, y que el sistema judicial avaló y perpetuó estas detenciones.

El informe atribuye al menos 30 víctimas fatales a la represión estatal, de las cuales 25 murieron durante protestas y cinco bajo custodia del Estado. Además, tres personas fallecieron tras su excarcelación debido al deterioro de su salud, consecuencia directa de las condiciones de detención. La Misión documentó el uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones, así como la falta de investigaciones independientes sobre la responsabilidad de los agentes estatales en estas muertes.