La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresó su preocupación ante la política implementada por Estados Unidos de trasladar ciudadanos venezolanos a terceros países, entre ellos Liberia, al considerar que esta práctica podría generar graves dificultades humanitarias y legales para las personas afectadas.
Según un informe difundido por la organización con sede en Miami, uno de los principales temores radica en que los países receptores se conviertan en escalas temporales que, eventualmente, conduzcan a una devolución indirecta hacia Venezuela. VEPPEX señaló que aquellos migrantes que no logren obtener asilo, integrarse plenamente a la sociedad receptora o trasladarse legalmente a otra nación podrían verse obligados a aceptar un retorno denominado “voluntario”, motivado por la precariedad económica, la falta de oportunidades o la ausencia de alternativas viables.
La organización explicó que este escenario resulta especialmente delicado para personas que cuentan con mecanismos de protección internacional, como la suspensión de deportación o amparo bajo la Convención contra la Tortura. En estos casos, una eventual devolución podría representar riesgos relacionados con persecución o vulneración de derechos fundamentales.
Uno de los aspectos que mayor inquietud genera es la situación documental de los venezolanos trasladados. De acuerdo con el informe, muchos podrían arribar a Liberia sin pasaportes vigentes o sin acceso inmediato a servicios consulares que les permitan obtener documentos de viaje actualizados. Esta circunstancia dificultaría la regularización migratoria, la posibilidad de acceder a un empleo formal y la oportunidad de movilizarse hacia otros destinos.
VEPPEX destacó además que Venezuela no dispone actualmente de una misión consular residente en Liberia, situación que podría complicar aún más los trámites de identificación y emisión de documentos. Asimismo, recordó que los pasaportes vencidos no siempre son aceptados para realizar viajes internacionales y que la cédula de identidad venezolana carece de validez como documento de viaje en la mayoría de los países africanos.
El informe también advierte sobre el riesgo de que los migrantes queden atrapados en un limbo migratorio. Aunque formalmente puedan permanecer en libertad, la falta de documentos, recursos económicos o autorización para establecerse en otro país podría impedirles abandonar el territorio donde fueron reubicados, generando una situación de dependencia de las autoridades locales o de organismos humanitarios.
El primer grupo de personas trasladadas bajo este mecanismo arribó a Liberia el pasado 20 de agosto y estuvo integrado por 20 migrantes, entre ellos ciudadanos venezolanos y cubanos. El acuerdo contempla la recepción de hasta 1.200 personas en un período de doce meses.
Ante este panorama, VEPPEX considera que cualquier convenio de traslado debe establecer con claridad las condiciones de permanencia de los migrantes, las garantías para la obtención de documentos, el acceso al trabajo, los mecanismos de protección jurídica y las alternativas disponibles para quienes no logren obtener asilo. La organización concluye que la aceptación física de una persona por parte de un tercer país no resuelve por sí sola su situación migratoria, si no existen garantías efectivas que permitan ejercer plenamente sus derechos y construir un proyecto de vida estable.
