El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se pronunció hoy sobre los recientes traslados de inmigrantes realizados por Estados Unidos, en su mayoría de nacionalidad venezolana, durante el pasado fin de semana. Si bien no emitió una crítica directa a la acción en sí, Guterres enfáticamente recordó que cualquier traslado de personas migrantes entre países debe llevarse a cabo «respetando el debido proceso, sus derechos fundamentales y su dignidad más básica».
A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, el máximo representante de la ONU reiteró los principios fundamentales que la organización aplica en materia de refugiados e inmigrantes, haciendo especial mención a las políticas establecidas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
En línea con estos principios esenciales, Guterres subrayó que los solicitantes de asilo en cualquier nación «deben tener acceso a un proceso justo y eficiente, así como a procedimientos adecuados para dar seguimiento a sus solicitudes». Asimismo, enfatizó que «las personas que necesitan protección internacional no deben ser devueltas a un lugar donde se expongan a sufrir daños».
Consultado sobre la posibilidad de que la ONU realice un seguimiento de la situación de los inmigrantes deportados -cifrados en 261 por Estados Unidos, de los cuales 238 son venezolanos y 23 salvadoreños-, Haq expresó la confianza de la Secretaría General en que ACNUR «seguirá explorando sobre el asunto».
El portavoz adjunto aclaró que la agencia para los refugiados no se involucrará en cuestiones de procedimientos judiciales específicos. No obstante, prometió que «ciertamente, y si hay un modo de tratar con los distintos países implicados para asegurarse de que se respetan los derechos de los refugiados, lo harán», reafirmando el compromiso de la ONU con la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.
Las declaraciones de Guterres ponen de relieve la preocupación de la ONU por garantizar que las políticas migratorias de los Estados, incluyendo las acciones de traslado y deportación, se realicen en estricto cumplimiento de las normativas internacionales y respetando la integridad y los derechos de las personas involucradas.
