La prioridad de la atención temprana por encima de la simple respuesta post-evento y la falta de políticas públicas adecuadas para mitigar desastres centran el informe Post-Inundaciones del estado Yaracuy, presentado recientemente por la ONG Campo ante los medios de comunicación para exponer las vulnerabilidades y afectaciones registradas en los municipios Bolívar, Manuel Monge y Veroes.
Si bien los fenómenos naturales escapan del control humano, el documento destaca que las autoridades tienen la capacidad de minimizar el impacto de las precipitaciones mediante la constante canalización de ríos y el mantenimiento preventivo de quebradas.
Al respecto, Pedro Hernández, director de la ONG Campo, enfatizó que el Estado debe asumir su rol, «El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad, toda esta zona, los municipios Veroes, Manuel Monge y Bolívar, tienen 6 meses de lluvia y 6 meses de verano, los 6 meses previo a las lluvias tiene que servir de tiempo para que las autoridades ejecuten políticas públicas que mitiguen los daños y las afectaciones a estas familias».
Asimismo, Hernández advirtió que la cadena de emergencias, sumando tanto los recientes sismos como las inundaciones, ha exacerbado drásticamente las necesidades de los habitantes en las comunidades rurales.
Por su parte, Ecio Gutiérrez, miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio Bolívar, respaldó la necesidad de una respuesta oportuna, «Es precisamente de esta manera que se puede prevenir los daños, hoy los afectados por las inundaciones no tienen como subsistir, ya que lo perdieron todo, inclusive los parceleros perdieron sus herramientas de trabajo», refirió, reiterando que la prevención estructural es clave para proteger el sustento de las familias de la región.
El informe Post-Inundaciones del estado Yaracuy está disponible en las redes sociales de @campo_ong
