Este lunes, un grupo de familiares de presos políticos del estado Yaracuy se concentró para exigir la liberación inmediata de 18 ciudadanos que permanecen privados de libertad en diversos centros de reclusión del Distrito Capital y la entidad yaracuyana.
Durante el pronunciamiento, los allegados calificaron las detenciones como injustas y denunciaron las precarias condiciones, así como la falta de comunicación que han enfrentado varios de los detenidos.
Relatos de una espera angustiosa.
Las voces de los familiares reflejaron la realidad que viven los detenidos en distintos centros penitenciarios. Johana de Magallanes, esposa del abogado Luis Magallanes, destacó que su cónyuge ya cumple seis meses bajo custodia en el estado Yaracuy.
Por su parte, Juan Torres, padre de Eduardo Torres, relató el difícil recorrido procesal de su hijo: «Son ocho meses detenido; pasó cuatro meses en El Helicoide sin comunicación alguna y otros cuatro meses en Yare II», denunció, evidenciando el aislamiento al que ha sido sometido.
Asimismo, Aida Coronado, miembro de la organización Voluntad Popular, se unió al reclamo por el caso de Enderson Rivas, quien ya suma un año de detención. «Son inocentes y están secuestrados por pensar distinto», afirmó Coronado ante los medios y ciudadanos presentes.
Lista de los ciudadanos cuya libertad se exige:
Los familiares hicieron énfasis en los nombres de los 18 yaracuyanos que esperan su retorno a casa:
Dignora Hernández
Luis Magallanes
Zyad Naime
Luis Camacaro
Germán Antillano
Carlos Aponte
Elys Vázquez
Dennis Mieres
José Castillo
Gregorio Soteldo
Yeison Gutiérrez
Franyenson Yovera
José Daniel Pérez
Osman Pinto
Yackson Figueredo
Enderson Rivas
Eduardo Torres
José Daniel Torres
Respaldo ciudadano
La actividad no solo contó con la presencia de familiares directos, sino también con un grupo de ciudadanos y amigos de los detenidos, quienes se hicieron eco de las exigencias. Los manifestantes insistieron en que el ejercicio del pensamiento crítico no debe ser motivo de encarcelamiento y exhortaron a las autoridades competentes a revisar los expedientes y otorgar la libertad plena a este grupo de yaracuyanos.
