La precaria situación del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) continúa generando preocupación en el gremio docente y laboral, las fallas estructurales se replican en todo el país y Yaracuy no es la excepción.
Tas la reciente denuncia de los trabajadores sobre las condiciones de la sede en San Felipe, voceros de la institución reconocieron públicamente la existencia de las problemáticas de infraestructura y aclararon que el deterioro no es reciente.
«Tenemos el segundo piso con filtraciones desde hace cinco años, no es de ahorita, por eso esa planta está inhabilitada y solo trabajamos en la planta baja», explicaron.
Para solventar esta falla estructural, indicaron que es imperativo ejecutar labores de impermeabilización en los 1.080 metros cuadrados de techo, lo que equivale a la colocación de unos 57 mantos asfálticos para frenar el deterioro y garantizar un retorno seguro a las instalaciones.
Actualmente, el Ipasme San Felipe cuenta con una nómina de 98 empleados, ante la contingencia, el personal asistencial, incluyendo el manejo de historias médicas, fue reubicado temporalmente para laborar en las instalaciones de Inamujer.
No obstante, se detalló que los días lunes, miércoles y viernes un grupo reducido de trabajadores, conformado por personal obrero, administrativo y de vigilancia, acude a la sede principal de manera voluntaria.
Respecto a las afectaciones derivadas de los recientes movimientos telúricos, las autoridades informaron que la edificación fue catalogada con etiqueta amarilla, lo que denota fisuras menores en la mampostería, indicaron que estas grietas y la humedad superficial se han ido atendiendo de forma paulatina con recursos y mantenimiento interno autogestionados por la propia institución, debido a la ausencia de financiamiento gubernamental en los últimos años.
Ante este panorama, los representantes del organismo hicieron un llamado a la comprensión de los trabajadores, reiterando que si bien son conscientes de las limitaciones en el segundo piso, la solución definitiva requiere de una intervención presupuestaria y gubernamental de gran envergadura que excede su capacidad operativa actual.
