Este martes 15 de septiembre, familiares de privados de libertad y representantes de la sociedad civil protagonizaron una concentración en las inmediaciones del Circuito Judicial de San Felipe.
El propósito central fue exigir una revisión exhaustiva de expedientes, el cese del retardo procesal y la intervención inmediata del sistema de justicia en la entidad, una situación que afecta directamente a 180 detenidos.
Durante la protesta, la abogada Marbella Gutiérrez, en representación de la organización «Yaracuy en Transición», formalizó la urgencia de revisar 180 expedientes de ciudadanos recluidos en centros de coordinación policial del estado, así como de aquellos que han sido trasladados de forma arbitraria a recintos penitenciarios fuera de la región.
Gutiérrez denunció graves violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, señalando que en el análisis de los casos predominan patrones como la «siembra» de evidencias y la convalidación de estas irregularidades por parte del Ministerio Público.
El drama humano detrás de estas medidas recae en los familiares, quienes enfrentan limitaciones económicas extremas.
Nurys Arza, madre de uno de los detenidos, denunció que su hijo fue trasladado al estado Lara sin previo aviso, ignorando si su juicio continuará en Yaracuy.
«La situación nos preocupa, porque la mayoría somos de escasos recursos y trasladarnos a otro estado es muy costoso, además, los requerimientos de paquetería son elevados, lo que limita nuestras visitas», expresó Arza, al tiempo que exigió que los privados de libertad cumplan sus condenas dentro del estado.
Por su parte, María Castillo, madre de un recluso en la Comandancia General de San Felipe, denunció que su hijo también fue víctima de una presunta siembra policial, a pesar de presentar un cuadro severo de trastorno mental orgánico respaldado por un informe psiquiátrico, su proceso sigue dilatado.
Familiares alertaron que no existe prioridad ni atención humanitaria para los detenidos que padecen patologías graves.
La jornada contó con el respaldo del Dr. Nelson León, rector del poder judicial del estado Yaracuy, quien se sumó a la protesta y lanzó duras críticas contra los despachadores de la justicia local.
«Desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando que este Circuito Penal, conjuntamente con el Ministerio Público, no respeta el debido proceso, ni las decisiones vinculantes de las salas Constitucional y Penal, y mucho menos los Derechos Humanos», sentenció León.
El jurista añadió que, en las actuales condiciones, las cárceles albergan únicamente a los sectores más vulnerables, «El retardo procesal no existe para la gente que tiene dinero, porque quien tiene plata resuelve, y el Ministerio Público se ha convertido en cómplice de las atrocidades de muchos funcionarios».
Ante este panorama, los manifestantes anunciaron que en los próximos días introducirán una solicitud formal para exigir la intervención inmediata del Circuito Penal de Yaracuy, abogando por la libertad de quienes sufren de retrasos injustificados, sin menoscabo de que aquellos con responsabilidad penal deban responder ante la ley.
