A un año de iniciada una ola de ocupaciones ilegales en el estado Yaracuy, productores agropecuarios de los municipios Bolívar y Manuel Monge alzaron su voz para exigir el cese inmediato de lo que califican como una «política de despojo» que ha destruido la capacidad productiva de la región.
El 5 de marzo de 2025, la madrugada marcó el inicio de una tragedia para los propietarios del sector Quebradaseca en el Municipio Bolívar, según denuncian los afectados, un grupo de aproximadamente 60 personas, presuntamente del colectivo «Eliécer Otaiza #3», tomó control de cuatro fundos, Los Prados, Los Prados 1, Puente Río 1 y Puente Río 2, bajo la mirada y tutela de funcionarios de la policía regional y del Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Elia Rangel, habitante de la zona y una de las afectadas, denunció que el desalojo fue arbitrario, «No hubo notificaciones, ni avisos, ni órdenes de expropiación, nos despojaron de nuestra propiedad y de nuestro modo de vida».
A pesar de las denuncias interpuestas ante tribunales y organismos de seguridad, la respuesta ha sido el silencio, «Hemos agotado todas las diligencias y no hay quien nos dé la cara», afirmó.
Por su parte, Luis Enrique Flores, propietario del fundo Puente Río 2, calificó la situación como crítica, «No nos permiten atender al ganado; estamos viendo cómo nuestro esfuerzo de años se pierde ante la indolencia de las autoridades».
Los daños no se limitan a la propiedad privada, la consecuencia directa es una crisis alimentaria local, se reporta la pérdida crítica de peso en más de 82 cabezas de ganado, una caída drástica en la producción de queso y la descapitalización total de familias trabajadoras que han quedado en situación de orfandad jurídica.
Eduardo Linares, Ingeniero Agrónomo y asesor del Comité de Víctimas de Ocupaciones Ilegales en Yaracuy, alertó sobre la gravedad de la situación, «Estamos ante un claro abuso de funciones públicas y tráfico de influencias, este patrón de invasiones despoja al trabajador de su esfuerzo y destruye la producción».
El Comité de DDHH del municipio Bolívar ha documentado un total de siete casos confirmados de invasiones arbitrarias, sumando a los afectados de la zona, los casos de los fundos San Nicolás (Dr. William Hernández), Los Apamates (Sr. Orlando Aranguren) y la unidad de producción del Sr. Antonio Parra, en el municipio Manuel Monge.
«Exigimos respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de la ley, sin justicia no hay producción», concluyeron los voceros, quienes hacen un llamado urgente a las instancias nacionales para frenar lo que denominan una violación sistemática de los derechos fundamentales de quienes producen el alimento en Yaracuy.
