⚖️ Sociedad civil exige liberación del abogado Humberto Arza en San Felipe

Este lunes, ciudadanos y profesionales del derecho se concentraron en las inmediaciones de los tribunales de San Felipe, estado Yaracuy, para solicitar la liberación del abogado Humberto Arza, quien permanece privado de libertad desde abril de 2024. La jornada reunió voces de solidaridad y preocupación por un caso que, según los asistentes, refleja una medida desproporcionada frente al ejercicio de la opinión.

👥 Voces de apoyo desde el gremio jurídico

Entre los participantes destacó la presencia del abogado Luis Magallanes, recientemente excarcelado, junto a otros juristas de la entidad. Todos coincidieron en señalar que la detención de Arza constituye un precedente alarmante para el libre ejercicio de la profesión y para la defensa de los derechos ciudadanos. Los manifestantes subrayaron que el caso está vinculado a comentarios críticos emitidos en un grupo de mensajería privada, lo que consideran parte del derecho a la opinión.

🚔 Detención y contexto del caso

De acuerdo con la información compartida durante la concentración, Arza fue detenido el 12 de abril de 2024 en su residencia, tras emitir opiniones críticas sobre el sistema judicial regional en un chat privado. Desde entonces, permanece recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en San Felipe, situación que ha generado llamados de atención por parte de colegas y organizaciones sociales.

📢 Llamado a las autoridades

Los asistentes exhortaron a las instituciones competentes a revisar el caso, garantizar el debido proceso y considerar medidas que permitan su liberación, en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Asimismo, resaltaron la necesidad de preservar espacios para el debate y la opinión crítica, especialmente dentro del ámbito profesional y ciudadano.

✨ Conclusión editorial

La concentración en San Felipe refleja la creciente preocupación de la sociedad civil y del gremio jurídico por la situación de Humberto Arza. Su caso se ha convertido en un símbolo de la tensión entre la libertad de expresión y las medidas judiciales, abriendo un debate sobre los límites del derecho a opinar en espacios privados y el rol de las instituciones en la protección de garantías constitucionales.