Alto Comisionado de la ONU exige a Venezuela detener la represión y garantizar derechos fundamentales

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó este viernes un nuevo informe que documenta graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Türk recordó que, tras los comicios parlamentarios, las autoridades venezolanas detuvieron a unas 70 personas —incluidos opositores, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros— bajo acusaciones de terrorismo. El Alto Comisionado reiteró que la legislación antiterrorista del país y su aplicación violan estándares internacionales, y denunció que muchas de las personas detenidas enfrentan procesos judiciales sin garantías legales.

Durante el periodo cubierto por el informe, la oficina del ACNUDH documentó 32 casos de tortura y malos tratos en centros de detención, 15 de ellos contra adolescentes. Además, al menos 28 personas fueron víctimas de desaparición forzada, entre ellas 12 extranjeras sin acceso a asistencia consular.

Exilio forzado y detenciones políticas

El informe también revela que 116 personas —75 hombres y 41 mujeres— se han visto obligadas a huir o esconderse por temor a represalias. Entre ellas se encuentran líderes opositores, sindicalistas, activistas estudiantiles, exmilitares y periodistas. Asimismo, al menos 58 personas permanecen detenidas por motivos políticos, muchas en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales.

La ONU advierte que estas detenciones tienen un efecto disuasorio sobre la participación política y la libertad de asociación, y lamenta que todas las personas arrestadas en el contexto electoral hayan sido acusadas de terrorismo u otros cargos conexos.

Hostigamiento a ONG y medios independientes

El informe expresa profunda preocupación por el uso de leyes restrictivas y procedimientos arbitrarios para criminalizar a organizaciones de derechos humanos y cooperación internacional. La ley de fiscalización de ONG, aprobada en 2024, ha restringido severamente el espacio cívico. Muchas organizaciones han sufrido congelación de cuentas bancarias, bloqueos de fondos, requisitos administrativos desproporcionados y campañas de difamación.

En cuanto a la libertad de prensa, el ACNUDH documentó la detención arbitraria de 10 periodistas, así como bloqueos digitales, vigilancia de comunicaciones y estigmatización pública. El informe destaca el uso creciente de redes sociales para intimidar y perseguir a voces disidentes, lo que ha obligado a varios comunicadores a abandonar sus labores o exiliarse.

Llamado urgente a garantizar derechos fundamentales

El Alto Comisionado instó al Estado venezolano a cesar la criminalización de defensores de derechos humanos y voces críticas, y a garantizar las libertades de asociación, expresión, reunión pacífica y participación política. También exhortó a derogar leyes que imponen restricciones desproporcionadas a las ONG y a asegurar un entorno seguro para la sociedad civil.

Finalmente, el informe subraya la necesidad de rendición de cuentas por las violaciones documentadas, advirtiendo que la información sobre avances en este ámbito sigue siendo mínima.