ONG denunciará a Bukele ante la Corte Penal Internacional por presuntas detenciones arbitrarias de migrantes venezolanos

La Fundación El Amparo anunció este jueves que presentará una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y miembros de su cadena de mando. La organización acusa al gobierno salvadoreño de incurrir en detenciones arbitrarias y trato inhumano hacia más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos, señalados sin juicio previo de presunta vinculación con la banda criminal Tren de Aragua.

La denuncia será sustentada por el abogado y presidente de la ONG, Walter Márquez, quien calificó el caso como “una violación flagrante de los derechos humanos”, señalando que “no existe base legal ni pruebas judiciales que justifiquen la reclusión de estos migrantes en cárceles de máxima seguridad”.

Apelarán a la CIDH y acusan desapariciones forzadas

Además de acudir a la CPI, El Amparo presentará una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de proteger la vida y la integridad de los venezolanos, deportados en marzo pasado. Márquez denunció que varios de ellos están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sin acceso a sus familiares ni a defensores legales, en lo que describió como un régimen de aislamiento e incomunicación total.

“Fuimos hasta El Salvador para visitarlos, pero no pudimos acceder. Están sin juicio, sin delito comprobado, sin claridad sobre su futuro legal”, relató Márquez durante una rueda de prensa virtual.

Según la fundación, ninguno de los deportados tiene vinculación directa con el Tren de Aragua, y cualquier acusación debería haberse procesado previamente en tribunales estadounidenses, antes de realizar la deportación.

ONU advierte posible desaparición forzada

La preocupación ha alcanzado instancias internacionales. En mayo, la portavoz de la ONU, Liz Throssell, advirtió que estos ciudadanos venezolanos podrían encontrarse en una situación de desaparición forzada, dada la “completa incertidumbre” sobre su paradero y estatus legal. Hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listados oficiales de los detenidos.

La Fundación El Amparo ya ha introducido varios habeas corpus individuales ante los tribunales salvadoreños, sin obtener respuestas oportunas, a pesar de que se trata —según denuncian— de un procedimiento que debería ser expedito por ley.