El Tribunal de Primera Instancia Estadal en Función de Control N.º 5 decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra el Periodista Yaracuyano Osmar Palacio, en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado en febrero de 2026 con el objetivo de contribuir a la paz social, la reconciliación nacional y la convivencia democrática en el país.
Palacio fue detenido el 20 de mayo de 2017 mientras ejercía su labor profesional durante una concentración opositora en la ciudad de San Felipe, específicamente en la intersección de la avenida La Patria con sexta avenida.
“En ese momento estuve detenido durante tres días en la sede de los patrulleros y posteriormente fui puesto en libertad bajo régimen de presentación. Permanecí con esa medida cautelar desde 2017 hasta ahora, cuando finalmente se decretó el sobreseimiento de la causa, reconociéndose que no hubo delito alguno y que solo me encontraba ejerciendo mi labor”, expresó.
El comunicador social había sido señalado por el presunto delito de instigación a la desobediencia de las leyes. Sin embargo, trascendió que durante el proceso no se presentaron elementos probatorios que sustentaran la acusación.
Para la fecha de los hechos, el entonces gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, se refirió públicamente al caso señalando que “ser periodista no otorga patente de corso para actuar de forma violenta en contra de la Policía”, en declaraciones emitidas en ese contexto.
Durante el proceso judicial también resultaron relevantes las medidas precautelativas para la protección del libre ejercicio del periodismo acordadas por el Tribunal 11° de Control de Caracas.
La defensa técnica del periodista estuvo a cargo de las abogadas Marbella Gutiérrez y Ana Hilda Arencibia.
Al momento de su detención, Palacio se desempeñaba como productor en Radio Hispana 89.5 FM y Yaracuyana de Televisión. A pesar de encontrarse debidamente acreditado como trabajador de la prensa, fue presentado ante tribunales y sometido a un régimen de presentación mensual que se extendió durante nueve años.
“El hecho de mantener un expediente abierto en el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL) tuvo consecuencias importantes en mi vida personal y profesional. En distintos espacios laborales fui rechazado por ese antecedente, tuve restricciones para tramitar mi pasaporte y tampoco pude concretar mi colegiatura en el Colegio Nacional de Periodistas”, relató.
Tras el sobreseimiento de la causa, el Periodista manifestó su expectativa de retomar plenamente el ejercicio profesional.
“Esta decisión me da tranquilidad, significa dejar atrás años muy difíciles y poder aspirar nuevamente a ejercer con normalidad mi derecho a informar”, concluyó.
