Ministro de Interior anuncia la detención del dirigente de Voluntad Popular, Luis Somaza, acusándolo de terrorismo y financiamiento extranjero

En una rueda de prensa celebrada este jueves, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la detención del dirigente político de Voluntad Popular (VP), Luis Somaza, el día anterior, miércoles 12 de febrero. Cabello lo calificó de «terrorista», afirmando que estaba vinculado a actividades de financiamiento por parte de la USAID.

Durante su intervención, Cabello declaró: “Ayer fue capturado uno, vinculado con todo el financiamiento de la USAID, mañana lo enferman y dicen que es un niño de pecho”. Sin embargo, el ministro no proporcionó detalles sobre el lugar donde Somaza se encuentra detenido ni sobre las circunstancias que rodearon su arresto.

Además, Cabello aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está llevando a cabo una investigación avanzada sobre el financiamiento extranjero a organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país, sugiriendo que estos fondos están conectados con actos de terrorismo dirigidos contra Venezuela. “Toda esta gente es parte de los actos terroristas contra su propio país”, concluyó.

La detención de Somaza ha generado preocupación sobre la situación de los derechos humanos y la represión política en Venezuela, en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la oposición. Familiares y dirigentes políticos han denunciado que Somaza fue detenido sin orden judicial y por sujetos encapuchados que no portaban ninguna identificación. Valeria Somaza, hermana del dirigente, indicó que fue detenido en su casa en la urbanización Santa Fe (Baruta, estado Miranda) alrededor de las 6:38 p.m. por al menos 10 sujetos vestidos de negro.

La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una detención arbitraria y parte de una estrategia de persecución política en Venezuela. El partido Voluntad Popular exigió la liberación inmediata del activista y rechazó lo que califican como «una nueva arremetida del régimen contra la disidencia política»

 

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