La fila afuera del consulado de Venezuela en Madrid llegaba hasta el final de la cuadra. Mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, personas mayores y con discapacidades llegaron incluso a las 4:00 a. m. —cinco horas antes de que la oficina abriera sus puertas— para intentar inscribirse para votar en las muy esperadas elecciones presidenciales de Venezuela.
Adriana Rodríguez, de 47 años, que salió de Venezuela en 2018, llegó a las 8:00 a. m., dos días seguidos. En ambas oportunidades, esperó durante horas antes de llegar al principio de la fila, solo para terminar siendo rechazada, contó, siempre con la misma explicación: “Ya no se podía inscribir más gente”.
Con el presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, detrás en las encuestas por gran margen en vísperas de las elecciones del 28 de julio, el gobierno ha impuesto una serie de normas estrictas que hacen que inscribirse para votar sea casi imposible para millones de venezolanos que viven en el exterior, incluido Estados Unidos, España y otros países de América Latina.
Muchos abandonaron su país natal debido a las duras condiciones económicas y políticas.
Como resultado, expertos electorales afirman que las tácticas del gobierno equivalen a un fraude electoral generalizado, dado que hasta un 25 por ciento de los votantes elegibles de Venezuela viven fuera del país, y una gran cantidad de ellos muy probablemente no votaría por Maduro.
Entre 3,5 y 5,5 millones de venezolanos aptos para votar viven fuera del país, de un electorado total de 21 millones de personas, según expertos electorales y activistas opositores.
Solo alrededor de 69.000 venezolanos que viven en el exterior están inscritos para votar.
“Están privando de sus derechos a las personas a propósito”, afirmó Fernanda Buril, subdirectora de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, una organización a las afueras de Washington que promueve la democracia. “Es una violación absoluta de todo tipo de estándares de integridad electoral”.
En los consulados venezolanos de varios países, cientos de ciudadanos esperan día tras día en largas filas, enfrentando demoras inexplicables, instrucciones confusas y requisitos inesperados de funcionarios lentos, según testimonios de venezolanos entrevistados en Argentina, Chile, Colombia y España.
Rodríguez, una diseñadora de interiores que dijo que se sintió “obligada” a salir de Venezuela luego de que la creciente represión y una economía colapsada hizo que un futuro allí fuera “inviable”, describió el intenso malestar y frustración mientras las personas que esperaban inscribirse para votar eran rechazados por los funcionarios consulares.
“Sientes que estás defraudando a tu país”, afirmó Rodríguez, quien agregó que quería votar por la oposición. “¿Por qué yo, que soy venezolana, tengo que pasar por esto para ejercer mi derecho a votar?”.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la embajada de ese país en España no respondió a diversas solicitudes de comentarios.
Maduro ha acusado a la oposición de planificar un fraude electoral y montar un golpe de Estado.
Los expertos electorales afirmaron que, en algunos casos, el gobierno venezolano está aplicando estrictamente las normas existentes para dificultar las inscripciones.
La táctica más común, dijeron, es el uso de una ley que exige a los ciudadanos en el extranjero poseer “residencia” o “legalidad de permanencia” en el país en el que viven para poder ser elegibles para votar. En el ciclo electoral actual, esa norma se ha utilizado para rechazar muchas formas de identificación, incluidas visas, que habían sido aceptadas en el pasado.
En Colombia, alrededor de dos millones de venezolanos están bajo la figura del estatuto temporal de protección, el cual forma parte de un esfuerzo histórico por parte del gobierno colombiano para legalizar a casi todos los venezolanos en el país. Sin embargo, Venezuela no acepta ese estatuto como una prueba de residencia.
(A los venezolanos en Uruguay, el gobierno venezolano les exige una tarjeta de identificación uruguaya de cuatro años, aun cuando Uruguay no emite este tipo de identificación a residentes legales extranjeros con una validez superior a tres años).
Al imponer limitaciones para la votación en el extranjero, el gobierno de Venezuela está siguiendo un manual utilizado por otros países no democráticos, afirmó Buril.
“El fraude electoral ya no solo gira en torno a las boletas el día de las elecciones”, dijo. “Se da durante todo el proceso”.
Estas elecciones podrían ser decisivas para determinar el futuro de la democracia en un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que ha visto a casi ocho millones de personas, alrededor de un cuarto de su población, salir del país en medio de una economía en ruinas y años de gobierno totalitario.
El gobierno accedió a celebrar elecciones libres y justas bajo la presión de Estados Unidos, y a cambio de una flexibilización de las duras sanciones estadounidenses. Pero el gobierno de Maduro, afirman los críticos, ha puesto obstáculos a cada paso para tratar de impedir una votación confiable.
Aun así, una oposición unida y lo que según sugieren las encuestas es un deseo intenso de cambio entre muchos venezolanos podría representar el mayor desafío a los 11 años de Maduro en el poder.
El deterioro de los derechos electorales comenzó hace más de 10 años y ha empeorado de manera gradual, señaló Eugenio Martínez, director de Votoscopio, una organización de monitoreo electoral.
Según las leyes venezolanas, los ciudadanos en el exterior deberían poder inscribirse en cualquier momento del año en cualquier embajada o consulado si tienen una cédula de identidad venezolana, incluso si está vencida.
Pero el gobierno solo ha permitido la inscripción en periodos limitados.
Este año, el Consejo Nacional Electoral designó un periodo de 29 días entre marzo y abril para que los venezolanos se registraran o actualizaran sus datos personales, incluido su lugar de residencia y su centro electoral designado. Pero incluso ese periodo de tiempo fue reducido en varias embajadas y consulados debido a una variedad de problemas, incluido fallas informáticas.
Durante ese breve periodo dispuesto por el gobierno, solo 508 venezolanos a nivel mundial lograron inscribirse para votar, según datos recopilados por Votoscopio.
“Nosotros lo hemos calificado, sin ningún temor de ser exagerados, como un fraude preelectoral masivo”, dijo Ligia Bolívar, radicada en Bogotá, Colombia, y fundadora de Provea, una organización defensora de derechos humanos de Venezuela.
En los países que han roto relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, como Estados Unidos, los venezolanos no tienen manera de inscribirse para votar.
Nuevas normas adoptadas para las elecciones de este mes también le exigen a los aplicantes a presentar un pasaporte venezolano válido, un documento que cuesta más de 300 dólares.
Esto es alrededor de un tercio del sueldo mensual de Dayana Hernández como recepcionista en un consultorio odontológico en España.
Hernández, de 40 años, salió de Venezuela en 2018 luego de que las profundas dificultades económicas dificultaran que pudiera obtener acceso a cuidados para su hijo, que tiene autismo. Culpó al gobierno de Maduro, a quien esperaba sacar del poder con su voto, por la situación del país.
El no haber podido inscribirse para votar dejó a Hernández sintiéndose “devastada e impotente”, dijo. “Sientes que no puedes aportar”.
Bolívar, una de las fundadoras de Provea, calificó de “paradójico” que las personas más afectadas por el fracaso económico y el gobierno autocrático de Venezuela muy posiblemente no puedan opinar a la hora de determinar su futuro.
Bolívar, quien tiene cinco años en Bogotá, no pudo inscribirse. Ha tenido su visa colombiana actual durante tres años, menos de los cinco necesarios para convertirse en residente permanente y ser elegible para registrarse para las elecciones de Venezuela.
“La gente tenía mucha expectativa de registrarse”, dijo Bolívar. Pero, agregó: “El gobierno acabó con toda esa expectativa”.
Victor Faza, un venezolano de 25 años que vive en Argentina no pudo inscribirse debido a tener vencido el pasaporte.
Sin embargo, se volvió activo en una organización local sin fines de lucro que le solicitó al consulado de Venezuela que estableciera más centros de inscripción.
Pero conversar con los funcionarios del consulado para intentar facilitar la inscripción de los votantes “fue hablar literalmente con la pared”, dijo.
Faza quiere regresar a su país, siempre y cuando unas elecciones libres y justas conduzcan a un cambio de gobierno.
“No me veo regresando a Venezuela bajo una dictadura”, dijo. “Esta es la última oportunidad de ver a nuestro país libre”.
