Jueza Federal Bloquea Revocación del Parole Humanitario: Un Respiro para Miles de Migrantes

Una jueza federal en Boston, Indira Talwani, designada por el expresidente Barack Obama, emitió este jueves un fallo que bloquea temporalmente la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar los beneficios migratorios otorgados a cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela acogidos al programa de parole humanitario. Este fallo representa un alivio para aproximadamente 450,000 personas que enfrentaban la amenaza de deportación acelerada a partir del 24 de abril.

La jueza Talwani concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpretó incorrectamente la ley al intentar acortar el plazo de permanencia legal de los beneficiarios del parole. Según la magistrada, la norma invocada por el DHS aplica únicamente a quienes cruzaron ilegalmente la frontera, no a aquellos que ingresaron legalmente al país bajo este programa. “Lo que están priorizando no son las personas que cruzan ilegalmente, sino a quienes siguieron las reglas”, afirmó Talwani, citada por Reuters.

El programa de parole humanitario, implementado durante la administración de Joe Biden, permitió que ciudadanos de estos cuatro países ingresaran a Estados Unidos por vía aérea, siempre que cumplieran con requisitos como contar con un patrocinador financiero, comprar su propio pasaje y aprobar controles médicos y de antecedentes. Desde su inicio en enero de 2023 hasta diciembre de 2024, más de 531,000 personas accedieron al país a través de esta vía legal, optando por una alternativa segura frente a la peligrosa travesía por la frontera sur.

La revocación del parole, anunciada en el Registro Federal el mes pasado, fue interpretada como parte de una política de línea dura contra la inmigración promovida por el gobierno republicano. Sin embargo, la medida fue rápidamente objeto de litigios. Los abogados de los demandantes, una docena de beneficiarios del programa, advirtieron que permitir la entrada en vigor de esta decisión causaría un daño “irreparable” a miles de personas respetuosas de la ley, dejándolas expuestas a la deportación inmediata y sin posibilidad de trabajar legalmente.

El DHS argumentó que el programa ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni de “necesidad humanitaria urgente”, y que además contribuía al colapso del sistema migratorio. Alegaron que al menos 75,000 beneficiarios del parole habían solicitado asilo, incrementando los retrasos procesales. Por su parte, la administración Trump sostuvo que el programa no había tenido un impacto real en la reducción del flujo migratorio irregular y generaba presiones logísticas, especialmente en aeropuertos como los de Florida, donde desembarcó cerca del 80% de los migrantes.

Este fallo judicial no solo frena temporalmente los planes de la administración republicana, sino que también subraya la importancia de proteger los derechos de quienes ingresaron legalmente al país bajo este programa. La decisión de la jueza Talwani marca un precedente en la defensa de los migrantes que optaron por vías legales para buscar un futuro mejor en Estados Unidos.