Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos preocupados por la situación en Venezuela deben exigir la verificación independiente de los resultados electorales y apoyar los esfuerzos internacionales para garantizar justicia.
Los observadores internacionales han expresado profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro ganó la elección. Tras el anuncio del CNE, miles de manifestantes han salido a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno.
El 2 de septiembre, un juez emitió una orden de captura en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.
Un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias y restricciones al voto de los venezolanos en el exterior. Varias horas después del cierre de las urnas, el CNE declaró que Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. El CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías y los procesos de verificación ciudadana que exige la ley venezolana.
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado. En cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables. El Centro Carter señaló que, con el 81 % de las actas escrutadas, el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo una ventaja significativa en la elección.
Los venezolanos han salido a las calles en todo el país, sobre todo en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo, donde se han producido numerosos hechos de represión.
Human Rights Watch recibió reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Human Rights Watch recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales. Human Rights Watch documentó de forma independiente 11 de estos casos, revisando las actas de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.
Human Rights Watch analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales. Los investigadores de Human Rights Watch confirmaron los lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos; y consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.
Según las autoridades venezolanas, más de 2.400 personas han sido detenidas en relación con las protestas. La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal registró más de 1.580 “presos políticos”que han sido detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes. Los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. El 15 de agosto, los partidarios de Maduro que conforman la Asamblea Nacional aprobaron una ley que otorga al gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y Méxicohan hecho un llamado para entablar conversaciones con el gobierno venezolano. El 16 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que están representados todos los Estados miembros, aprobó por consenso una resolución en la que insta a las autoridades venezolanas a publicar las actas de escrutinio de cada mesa electoral y a realizar una “verificación imparcial” de los resultados. También instó a las autoridades a respetar los derechos humanos.
La Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos también han instado a Maduro a divulgar y respetar los resultados electorales y a garantizar los derechos de los líderes de la oposición, manifestantes y críticos del gobierno. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país, ha declarado que su oficina monitorea activamente la situación.
Es imperativo apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, incluyendo mediante la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló Human Rights Watch. También es importante apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
