Cabello revela que mas de 100 empresas vinculadas al narcotráfico y detenciones de alcaldes en Zulia

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este viernes 4 de abril un importante avance en la lucha contra el narcotráfico en el estado Zulia. Según informó, se han identificado 120 nuevas empresas relacionadas con mafias de lavado de dinero y tráfico de drogas, en el marco de la Operación Relámpago del Catatumbo. Cabello destacó que estas empresas no tienen conexión con las del empresario José Enrique Rincón, propietario del Grupo Lamar, quien previamente fue señalado por utilizar sus compañías para actividades ilícitas.

Durante la rueda de prensa, el ministro detalló que se están investigando los vínculos de estas organizaciones con cuerpos de seguridad locales, como la Policía Nacional Bolivariana y algunos efectivos militares. Además, informó sobre la incautación de más de 16 mil kilos de cocaína en operativos recientes, subrayando que se están revisando otras rutas de tráfico de drogas, aunque evitó dar detalles por razones de seguridad.

Cabello también confirmó la detención de cinco alcaldes en Zulia, acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos se encuentra Indira Fernández Duarte, alcaldesa del municipio Guajira, junto a otros funcionarios detenidos previamente: Alberto Sobalvarro (Almirante Padilla), Jorge Navas (Miranda), Fernando Loaiza (Catatumbo) y Danilo Añez (Jesús Enrique Lossada). Estas detenciones forman parte de un esfuerzo por desmantelar redes de corrupción, terrorismo y conspiración que afectan directamente a la población zuliana.

El funcionario destacó que el gobierno de Colombia ha reconocido los esfuerzos de la administración de Nicolás Maduro en la región, aunque instó a las autoridades colombianas a intensificar su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Según Cabello, el pueblo zuliano ha recibido con satisfacción estas acciones, que buscan erradicar una mafia que ha impactado negativamente en sus comunidades.

Este operativo representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en Venezuela, aunque plantea interrogantes sobre la profundidad de las redes de corrupción y los desafíos para garantizar la transparencia en las investigaciones.