En un contexto de creciente tensión migratoria y preocupaciones sobre derechos humanos, la organización humanitaria Cristosal está proporcionando apoyo legal a 139 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Estas personas fueron expulsadas de Estados Unidos bajo acusaciones de vinculación con el Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que ha sido designada como organización terrorista.
El director de Cristosal, Noah Bullock, destacó en una conferencia de prensa en San Salvador que el 40% de los detenidos contaban en Estados Unidos con algún tipo de protección migratoria, lo que subraya las irregularidades en los procesos que llevaron a estas expulsiones. Además, la ONG ha interpuesto 39 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, evidenciando la ausencia de garantías legales y denunciando lo que califica como un «agujero negro judicial».
Las deportaciones se justificaron en el marco de una ley de 1789 conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el expresidente Donald Trump. En virtud de un acuerdo bilateral no completamente transparente, Estados Unidos paga a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema penitenciario, trasladando a esta prisión a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, de los cuales el 90% carecen de antecedentes penales en territorio estadounidense, según análisis recientes.
Familiares de los detenidos y la comunidad internacional han expresado su preocupación y exigen una intervención más activa de organismos como Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos de los afectados. Este caso resalta las tensiones entre las políticas migratorias y los principios de justicia y dignidad humana, colocando un foco crítico sobre las alianzas internacionales y su impacto en las vidas de los migrantes.
