Este jueves 5 de noviembre, tras una masiva asamblea intergremial celebrada en los espacios emblemáticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la concurrencia de más de 300 dirigentes sindicales, las coaliciones de los sectores salud, educación básica, media y universitaria formalizaron un llamado unánime a un paro nacional de actividades de 12 horas para el venidero lunes 16 de noviembre. La medida de presión busca exigir a la administración pública una respuesta contundente e inmediata al pliego de reivindicaciones salariales, centrándose particularmente en la exigencia de un aguinaldo de fin de año digno que ascienda a los 960 dólares por trabajador.
La determinación fue ratificada formalmente por el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, quien leyó el mandato aprobado por las bases gremiales. El objetivo primordial de esta paralización de actividades es lograr que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, escuche y atienda con urgencia los reclamos salariales de la clase obrera y profesional del sector público.
El cálculo de los aguinaldos, epicentro de este conflicto, radica en la profunda discrepancia sobre la base de cálculo utilizada para el pago de las bonificaciones navideñas. Actualmente, los gremios denuncian que la administración pública pretende liquidar los aguinaldos basándose en el salario mínimo nominal, congelado crónicamente en 130 bolívares. Bajo esta fórmula restrictiva, un trabajador con derecho a 120 días de bonificación recibiría una cifra cercana a los 520 bolívares, un monto equivalente a menos de un dólar estadounidense, lo cual ha sido calificado por las dirigencias sindicales como una ofensa y una simulación de pago carente de poder adquisitivo real.
Por el contrario, la coalición intergremial —respaldada firmemente por figuras como Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM)— exige que las bonificaciones decembrinas se calculen sobre el ingreso mínimo integral real, estimado en 240 dólares mensuales. Este ingreso contempla la sumatoria del sueldo base, el bono de alimentación y el bono de guerra económica. Al aplicar los cuatro meses de bonificación consagrados en las respectivas contrataciones colectivas, la cifra justa ascendería inexorablemente a los 960 dólares por beneficiario.
Durante las jornadas de movilización y debate en la máxima casa de estudios, el magisterio y los trabajadores de la salud manifestaron su absoluto rechazo al esquema de pago fraccionado del «Bono Navideño» implementado por el Ejecutivo, tildándolo de insuficiente frente a una canasta alimentaria dolarizada que pulveriza el ingreso mensual de los servidores públicos.
La medida de paralización responde directamente al silencio institucional tras el documento de exigencias entregado por los sectores públicos el pasado 13 de octubre en la Vicepresidencia de la República.
