Pedro Hernández ante Defensoría del Pueblo: “Queremos cumplir Deberes, pero exigimos respeto a nuestros Derechos”

Pedro Hernández, reconocido activista de derechos civiles en Aroa y fundador de la ONG Campo, acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo en San Felipe, en esta ocasión, el ex preso político no asistió en su rol de defensor, sino como un comerciante afectado por lo que califica como una gestión administrativa de «mala fe» que pone en riesgo el aparato productivo del municipio Bolívar.

La denuncia surge tras una fiscalización realizada el pasado sábado, que resultó en el cierre del establecimiento de Hernández por una presunta mora de dos meses en impuestos municipales. El afectado asegura que, a pesar de haber cancelado la totalidad de la deuda de forma inmediata, las autoridades de renta municipal aún no han emitido la orden de reapertura.

«En lugar de facilitar la solución, se nos imponen nuevos requisitos que prolongan injustificadamente el cierre. Es una actuación que entorpece el emprendimiento y golpea a quienes intentamos dinamizar la economía local», señaló Hernández.

El activista advirtió que la paralización afecta compromisos adquiridos con proveedores, clientes y, fundamentalmente, con los trabajadores que dependen de la operatividad del negocio.

Más allá de su caso particular, Hernández planteó ante la Defensoría la necesidad urgente de crear una instancia de mediación que proteja la estabilidad de los comerciantes Yaracuyanos. Su propuesta incluye la instalación de mesas de trabajo en el municipio Bolívar donde participen jueces de paz, autoridades de renta, gremios comerciales y consumidores.

El objetivo de estas mesas sería debatir de forma transparente sobre los impuestos municipales, evitando que la carga tributaria se convierta en una «asfixia» para los emprendedores, «No es posible que en un momento donde se busca el crecimiento y la generación de empleo, la respuesta institucional sea el hostigamiento», enfatizó.

Para el fundador de la ONG Campo, la seguridad jurídica es fundamental para transitar hacia una verdadera democracia económica, «Los comerciantes estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes tributarios y responsabilidades ciudadanas, siempre y cuando el Estado garantice nuestros Derechos y el Derecho al trabajo», concluyó.

Con esta acción, Hernández busca sentar un precedente para que los comerciantes de Yaracuy no sigan siendo víctimas de procedimientos arbitrarios que vulneran el derecho a la libre empresa y la estabilidad económica de las familias de la región.