Ciudadanos debaten el camino hacia la reinstitucionalización del país en el Foro «Amnistía y Libertad»

Con el objetivo de analizar el actual proceso de transición y las herramientas legales para la reconciliación nacional, este jueves se dio inicio al ciclo de formación ciudadana «Amnistía y Libertad».

El evento, promovido por «Foro Independencia» y Libardo Linarez, director de la revista Rótulo, reunió a destacados juristas y defensores de Derechos Humanos para disertar sobre el alcance de la Ley de Amnistía y la urgencia de restaurar el Estado de Derecho en Venezuela.

La abogada y defensora de DD.HH, Marbella Gutiérrez, centró su ponencia en la naturaleza jurídica de la próxima Ley de Amnistía. Explicó que, a diferencia del indulto, la amnistía es un acto legislativo que «olvida el hecho y sus consecuencias», permitiendo que los ciudadanos recuperen su libertad sin restricciones ni antecedentes, «Es el mecanismo para que la persona retome su vida civil con plenas facultades», señaló.

Por su parte, el abogado Eduardo Torres compartió su testimonio tras haber sido recluido en El Helicoide, enfatizando que el sistema actual utiliza el terror como herramienta de control.

«Donde hay respeto por los Derechos Humanos, hay Paz. Nuestra lucha es por rescatar el Estado de Derecho para que nadie sea perseguido por su pensamiento», afirmó.

Torres propuso, además, que la ley incluya el resarcimiento de los derechos laborales de aquellos trabajadores despedidos por retaliaciones políticas.

Uno de los momentos más álgidos del foro fue la participación de familiares de los detenidos en la «Operación Trueno» (Mayo de 2022). Tras casi cuatro años de incertidumbre, denunciaron que 23 ciudadanos permanecen dispersos en cárceles de máxima seguridad (Rodeo II y III, Tocuyito, Coro y Barinas) sin un debido proceso claro.

«Son inocentes que el sistema ha olvidado. Su salud se deteriora y no sabemos si la Ley de Amnistía los arropará», expresaron los familiares, exigiendo la revisión inmediata de estos casos vinculados a un operativo que, aseguran, criminalizó a personas sin relación con bandas delictivas.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del Lcdo. Samuel Bravo, directivo del Movimiento Nacional en Defensa de la Constitución «CUMPLELA». Bravo alertó sobre la gravedad de los 12 mil ciudadanos judicializados en el país, quienes, a pesar de estar fuera de las celdas, carecen de libertad plena.

«Esta lucha trasciende lo político; es por el derecho al trabajo, a la educación y al sufragio. El tránsito efectivo a la democracia solo será posible si el ciudadano toma la iniciativa del cambio», concluyó Bravo.

Los ponentes y asistentes finalizaron el encuentro exigiendo la libertad de los aproximadamente 636 presos políticos que aún permanecen en los centros de reclusión venezolanos.